Un centro de aprendizaje con 95 violaciones documentadas, cero niños matriculados, operando con licencia condicional y enfrentando investigaciones activas—de alguna manera aún así obtuvo millones en fondos públicos a lo largo de 2025. Los números no cuadran. ¿Cómo puede una institución acumular ese historial y seguir recibiendo dinero de los contribuyentes? Esto ya no es una simple negligencia burocrática; es una negligencia sistemática. La rendición de cuentas necesita dientes, no solo memos severos.