La presión aumenta para que haya consecuencias reales en casos de fraude en criptomonedas. Si alguien roba $10 millones por medios convencionales, enfrenta una pena de prisión seria, ¿por qué los esquemas de activos digitales deberían ser tratados de manera diferente? Es una pregunta justa que está ganando tracción entre los defensores de la aplicación de la ley. El argumento es sencillo: el fraude es fraude, ya sea que ocurra en la cadena o fuera de ella. Sin una responsabilidad penal consistente, los actores malintencionados tienen poco incentivo para pensar dos veces. El sentimiento es claro: es hora de que los reguladores y fiscales dejen de tratar estos casos con guantes de seda y comiencen a aplicar los mismos estándares que en cualquier otra parte del sistema financiero. Cuando las consecuencias corresponden al delito, la disuasión realmente funciona.