Una investigación de 2013 reveló un esquema de fraude en guarderías en Somalia, que mostraba que centros falsos generaban millones anualmente mediante engaños sistemáticos. El esquema operaba a través de falsificaciones coordinadas de los registros laborales de los padres, lo que permitía a los participantes obtener pagos de subsidios mucho mayores que los beneficiarios legítimos.

Más críticamente, las auditorías internas revelaron que partes de estos fondos de subsidios—recursos originalmente destinados a necesidades de cuidado infantil—fueron desviados a través de operadores de restaurantes. Los flujos financieros posteriormente apoyaron a organizaciones designadas como terroristas, creando una vía directa desde los programas de asistencia social hasta el financiamiento extremista.

Este caso demuestra cómo los sistemas de verificación inadecuados y los controles institucionales débiles sobre la distribución de fondos pueden crear vulnerabilidades explotables tanto para fraudes financieros como para actividades ilícitas.