Un patrón preocupante surge de los recientes testimonios en el Congreso: los fiscales han convertido en arma las normas vagas para criminalizar el discurso político. El argumento fue así—si cuestionabas las prácticas de votación por correo, automáticamente eras culpable de difundir falsedades de manera consciente, independientemente de la intención real o la evidencia. La posición del DOJ esencialmente asumió que podían determinar lo que los ciudadanos creían razonablemente sobre la seguridad electoral, y luego procesaron la disidencia como fraude. Este precedente va al corazón de la protección de la Primera Enmienda. Cuando los fiscales deciden qué narrativas políticas cruzan la línea hacia la criminalidad, toda la base de la libertad de expresión protegida colapsa. Es un plan para convertir el sistema de justicia en arma contra posiciones políticas incómodas.