Estos últimos años, la narrativa del mercado de criptomonedas ha estado en constante renovación, pero pocas son las medidas a nivel nacional que realmente puedan impulsar la implementación en la industria. La última acción de El Salvador merece atención: han vinculado su estrategia de Bitcoin con el desarrollo de la industria de IA, y mediante un marco legal innovador han obtenido directamente el apoyo del FMI por 1,4 mil millones de dólares, algo raro en las políticas relacionadas con criptomonedas, que suelen ser conservadoras en las instituciones financieras internacionales.

Para entender la lógica de esta operación, primero hay que revisar el proceso de exploración de El Salvador con respecto a Bitcoin. Hace unos años, se convirtieron en el primer país del mundo en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal, pero la política de aceptación forzada generó muchas controversias. En esta ocasión, ajustaron su estrategia: mediante una enmienda, cambiaron la aceptación forzada a voluntaria, y además, anclaron la valoración fiscal al dólar estadounidense. Este ajuste aparentemente menor resolvió un problema clave para el reconocimiento internacional, y precisamente esta actitud pragmática fue lo que convenció al FMI.

El verdadero punto de interés radica en la lógica industrial de la política. El Salvador está ubicado en la zona volcánica del cinturón del Pacífico, con abundantes recursos geotérmicos y renovables. Su objetivo es aprovechar esta energía limpia para construir un clúster de centros de datos, específicamente para operaciones de IA y procesamiento de datos relacionados con activos criptográficos. La política de exención de impuestos complementaria reduce aún más los costos operativos. Para los centros de datos, el costo energético suele ser el gasto más grande, y la ventaja del bajo costo de la energía geotérmica se refleja claramente aquí, lo que también explica por qué este plan puede atraer la atención de capitales internacionales.