La actividad delictiva en la cadena superó los $150 mil millones a lo largo de 2025, marcando una escalada significativa impulsada por operaciones sofisticadas respaldadas por estados que ganan terreno en las redes blockchain. El cambio refleja una tendencia preocupante: actores cibernéticos organizados y grupos de estados-nación están aprovechando cada vez más la infraestructura de criptomonedas para fines ilícitos, que van desde el lavado de dinero hasta la evasión de sanciones. Esta expansión subraya las vulnerabilidades crecientes en el ecosistema cripto, ya que los actores malintencionados se vuelven más coordinados y con mayores recursos. Los participantes del mercado deben reconocer que la actividad criminal elevada introduce riesgos sistémicos junto con un escrutinio regulatorio, reconfigurando la forma en que las instituciones abordan el compromiso con blockchain y los marcos de cumplimiento en adelante.