El mercado hipotecario acaba de generar un revuelo y el enfoque de las políticas estadounidenses vuelve a centrarse en el crédito al consumo. Esta semana, Trump hizo una declaración impactante en las redes sociales: sugirió que a partir del 20 de enero del próximo año, el límite de la tasa de interés de las tarjetas de crédito se fije en un 10% durante un año, apuntando directamente a los problemas de "cobros excesivos" por parte de las compañías de tarjetas de crédito.

Esta propuesta no es una ocurrencia aislada; ya había sido prometida durante la campaña de 2024 y ahora se ha convertido en una señal política concreta. Sin embargo, la realidad es muy diferente a la ilusión: la Casa Blanca no ha presentado un plan de implementación ni ha explicado cómo obligará a las instituciones financieras a cumplir.

El sector financiero se ha puesto en alerta inmediata. El fondo de cobertura Bill Ackman, que apoyó a Trump en el pasado, fue el primero en pronunciarse, calificando la idea de "pésima". Planteó una pregunta que corta el aliento: si se reduce la tasa de interés de manera forzada, ¿cómo cubrirán los bancos sus costos de riesgo? ¿Cómo se garantizarán los retornos para los accionistas? Lo más probable es que los bancos cancelen colectivamente las tarjetas de crédito a los consumidores, y millones de personas se vean obligadas a acudir al mercado negro de préstamos con altos intereses, lo cual sería muy difícil.

Los principales emisores de tarjetas como JPMorgan Chase, Bank of America, Citibank, US Bank y First Capital permanecen en silencio por ahora; nadie quiere ser el primero en desafiar abiertamente. La opinión general en la industria es que, sin una legislación del Congreso, solo con llamadas administrativas será difícil que las empresas sean realmente reguladas por la ley. La dirección que tomará esta lucha por las tasas de interés dependerá en última instancia de la postura del Congreso.