En el contexto de la lucha global contra las actividades financieras ilegales, una operación policial a gran escala en Myanmar ha generado una amplia atención. Según medios locales, el gobierno de Myanmar ha demolido completamente el infame Parque KK, un centro neurálgico de cadenas ilegales que anteriormente concentraba actividades de estafa telefónica y apuestas ilegales.

La escala de este parque en la región de Myawaddy es impactante. Se demolieron un total de 635 edificios ilegales distribuidos en tres áreas: 148 en la Zona 1, 62 en la Zona 2 y 425 en la Zona 3. Hasta el día 9, incluyendo las últimas dos construcciones en la Zona 2 y cinco en la Zona 3, todo el parque ha sido reducido a escombros. Las autoridades emplearon maquinaria pesada y explosivos precisos para la demolición, además de destruir los equipos de comunicación y herramientas relacionadas con los delitos incautados.

Cabe destacar que el gobierno de Myanmar desplegó un grupo de trabajo conjunto de múltiples departamentos para participar en esta operación, lo que refleja la alta prioridad oficial contra este tipo de crímenes transnacionales. Funcionarios locales han declarado públicamente que la lucha contra las estafas y las apuestas en línea se ha convertido en una responsabilidad nacional, y que en el futuro continuarán coordinando con las autoridades locales y los gobiernos vecinos para garantizar que estos delitos no tengan lugar.

Al mismo tiempo, el parque de estafas en el río en la frontera entre Tailandia y Myanmar también fue cerrado tras la confiscación de equipos de comunicación por parte de las fuerzas armadas de Myanmar. Estas acciones envían una señal clara a la comunidad internacional: el gobierno de Myanmar está intensificando sus esfuerzos para limpiar las redes criminales transnacionales.

Sin embargo, analistas advierten que algunas organizaciones criminales podrían haberse retirado del parque antes de la demolición, y podrían trasladarse a otros lugares para continuar sus actividades. Esto subraya la necesidad de que los países y regiones involucrados fortalezcan la cooperación transfronteriza y establezcan mecanismos de alerta temprana más efectivos para prevenir que estas actividades vuelvan a resurgir.