El primer día laborable de 2026, Japón lanzó oficialmente el marco de informes de activos criptográficos (CARF) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuyo objetivo es muy claro: permitir que las autoridades fiscales de cada país compartan información relacionada con las transacciones de activos criptográficos.

Esta no fue una decisión tomada de la noche a la mañana. Japón ya había decidido introducir este marco el año pasado mediante una reforma fiscal, y la Oficina de Impuestos Nacionales publicó un manual de promoción detallado en diciembre, antes de la implementación oficial, además de colaborar con las plataformas de intercambio para completar los preparativos de recopilación de información.

Ahora ha llegado la fase de ejecución. Las plataformas de intercambio de criptomonedas en Japón, encabezadas por Coincheck, comenzaron a enviar notificaciones a los usuarios desde el 6 de enero, solicitando que suban información como su "país de residencia fiscal". Otros intercambios también seguirán con procedimientos similares.

Las reglas son claras: los usuarios con cuentas existentes a finales de 2025 deben completar la presentación de información antes del 31 de diciembre de 2026; los nuevos usuarios deben hacerlo al abrir la cuenta. ¿Y si no entregan la información a tiempo o proporcionan datos falsos? Entonces, deberán someterse a las sanciones correspondientes según la ley. En otras palabras, esto no es solo un aviso, sino un requisito obligatorio.